Deforestación, boques y cambio climático, un tema candente en Copenhague (4 días)

Faltan 4 días para Copenhague

Miquel Ortega Cerdà. Observatorio de la deuda en la Globalización[1].

El cuarto informe del Panel Internacional del Cambio Climático señalaba que la deforestación es responsable en la actualidad de un 17% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la reunión de Copenhague se discutirá cómo tomar medidas para evitar la deforestación, en particular la iniciativa sobre Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación (y muy posiblemente la degradación de los bosques) en los Países en Desarrollo, conocida como REDD ¿En qué consiste la propuesta? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cuáles pueden ser sus implicaciones?.  A continuación se dan algunas claves para analizar estas cuestiones.

Introducción

Los bosques tienen una función extremadamente importante en la regulación del clima sobre todo porque “secuestran” o absorben carbono de la atmosfera, utilizándolo para crecer. Esta captura se produce tanto en los árboles como en los suelos y en los depósitos de turba, pero este depósito es eliminado cuando se produce una deforestación, emitiéndose así importantes cantidades de gases de efecto invernadero.

Pero aún centrándonos en su relación con el clima nunca se debe olvidar que los bosques tienen muchas otras funciones: son el hogar de numerosas personas, proveen de alimentos y energía, ayudan a regular la lluvia, etc. Esta multifuncionalidad es un factor importante para entender algunas de las problemáticas que se dan en la negociación.

Antecedentes en las negociaciones del cambio climático y las Naciones Unidas

Los bosques han formado parte desde su creación de los acuerdos en el ámbito del cambio climático. Así en la Convención Marco sobre el Cambio Climático, firmada el año 1992, y ratificada por todos los países que negociarán en Copenhague (incluido EEUU), ya se hacía un llamado a conservar y restaurar los bosques;

Artículo 4.1. (d). “Todas la partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus circunstancias, deberán ….promover la gestión sostenible y promover y apoyar con su cooperación la conservación y el reforzamiento, según proceda, de los sumideros y depósitos de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, inclusive la biomasa, los bosques y los océanos, así como otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos”.

No obstante la Convención  era ambigua (“según proceda”, sin objetivos, etc.) y no se tomaron medidas específicas. El protocolo de Kioto ha sido por ahora el único mecanismo desarrollado para operacionalizar y concretar los objetivos básicos establecidos en la Convención. En él se estableció la obligatoriedad de contabilizar las emisiones asociadas a los bosques (como sumideros de carbono) y los “cambios en el uso de la tierra” (la deforestación por ejemplo) en los países más contaminantes[2]. Para establecer la contabilidad fue necesario definir qué significa un “bosque” bajo el punto de vista de Kioto. La definición utilizada[3] ha sido muy criticada por diversos grupos ecologistas y defensores de los derechos indígenas básicamente por tres aspectos:

  • se permitió que se contabilizaran las plantaciones de monocultivo forestal como bosques pese a que las características ecológicas son totalmente diferentes a las de un bosque, y en ocasiones las plantaciones de monocultivo forestal implican importantes impactos aspectos sociales y ambientales negativos[4]
  • se permitió no contabilizar como zona deforestada aquellos bosques que “carecen temporalmente de población forestal a consecuencia de la intervención humana”, abriendo así la posibilidad de substituir los bosques originarios por plantaciones. El significado del concepto “temporalmente”  no está explicitado en la definición
  • no se incluyó ningún aspecto relacionado con los derechos de sus habitantes

Estos problemas en la definición pueden tener implicaciones, tal como veremos, si se aplica en los países donde ya existen fuertes presiones para que se remplacen los bosques por plantaciones de monocultivo forestal.

Por otra parte es importante señalar que la lucha contra la deforestación ha sido discutida tradicionalmente en otros ámbitos de las Naciones Unidas desde los años 80, con unos resultados muy escasos, tras el fracaso de la firma de la Convención Forestal en el encuentro de Río el año 1992.  Algunos grupos  consideran que tras el bloqueo de este marco institucional, el cambio climático está siendo utilizado por estos mismos actores que anteriormente no fueron capaces de llegar a un acuerdo para la re-introducción de la temática forestal en el ámbito internacional.

¿Qué se está negociando en el encuentro de Copenhague?

En la negociación de Copenhague se va a discutir una propuesta sobre Reducción de Emisiones debidas a la Deforestación (y posiblemente a la degradación de los bosques) en los países, conocida como REDD.

Formalmente fue introducida en el proceso negociador por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, en representación de un conjunto de países agrupados bajo el nombre “Coalición de Países con Bosques Tropicales”[5], si bien se trata de una propuesta claramente apoyada también desde EEUU. La idea básica consiste en que se recompense financieramente a estos países para que tomen medidas para reducir sus niveles de deforestación, evitando así la emisión de gases de efecto invernadero.

Además de los países promotores la propuesta cuenta con el apoyo de una parte de las ONGs que tienen la deforestación como temática principal y el apoyo de algunos países industrializados y ONGs que ven este mecanismo como una manera de facilitar que los países en desarrollo se incorporen a la lucha contra el cambio climático, pues los REDD serían una de las acciones que se podrían tener en cuenta en las “acciones de mitigación apropiadas a nivel nacional (NAMA)” que éstos deberán definir. Igualmente según como se implante podría suponer  un mecanismo de flexibilidad importante a añadir a los ya existentes, aspecto éste muy apoyado desde EEUU que siempre ha sido el máximo promotor de los mecanismos de flexibilidad.

Fruto de este apoyo la posibilidad que se incorpore algún tipo de REDD en los futuros acuerdos de cambio climático es alta, aunque la forma como se articulará está aún muy abierta y será fruto de numerosas discusiones. A continuación se señalan algunos aspectos básicos que serán negociados en Copenhague

Algunos aspectos conflictivos en negociación

  1. ¿Cómo se financia las REDD? Existen dos grandes tendencias: que se financien directamente a través del mercado de carbono, o que lo hagan a través de un fondo gestionado de las naciones unidas desvinculado del mercado de carbono. La propuesta de integrar REDD a los mercados de carbono cuenta con muchos apoyos, pero también con la oposición de algunos países como Bolivia y Brasil. Consistiría básicamente en contabilizar cuantas emisiones se ahorrarán gracias a la deforestación evitada con los planes de lucha contra la deforestación y la venta en el mercado de carbono de las unidades ahorradas, juntándose así las emisiones obtenidas a los REDD a los otros mecanismos de comercio ya existentes (comercio de emisiones, MDLs y de implementación conjunta).  La principal ventaja de este sistema es que facilitará la entrada de recursos privados al sistema de comercio (pues por ejemplo las empresas que se exceden en contaminación en los países más industrializados podrían incorporar capital para comprar estos derechos y compensar así sus emisiones), pero a cambio tiene múltiples problemas, es una fuente de financiación muy imprevisible, fácilmente se concentraría en pocos proyectos pero muy grandes, y desincentivaría la reducción en el país de origen de las emisiones. En general los países más industrializados apoyan esta propuesta pues ven en ella una manera de abaratar los costes de sus compromisos de reducción. La principal ventaja de utilizar un mecanismo no vinculado al mercado de carbono sería la posibilidad de introducir criterios no estrictamente mercantiles en la selección de proyectos a apoyar, así como la posibilidad que la financiación sea más regular y democrática. También algunas regiones como la Unión Europea defienden un sistema mixto.
  2. ¿Cómo se gestiona el REDD? Un sistema como el propuesto requiere de la contabilización de las emisiones evitadas suplementarias gracias a las medidas financiadas con los recursos obtenidos a través del REDD, pero contabilizar estas cantidades es técnicamente muy difícil y existen importantes incentivos al “fraude” y la “sobreestimación de las reducciones”. No está claro cómo controlar este factor. Igualmente  no está claro cómo se pueden tener en cuenta las llamadas “fugas”, es decir cómo se puede estar seguro que se ha reducido una reducción real de la deforestación o simplemente la presión a la deforestación se ha desplazado a otro bosque. También existe un problema de “equidad”, aquellos países, pueblos, etc. que verdaderamente ya han tomado medidas para evitar la deforestación, y aquellos que a través de buenas prácticas no generaron deforestación, no pueden reducirla y por tanto pueden quedarse excluidos de un sistema en principio orientado a ayudar a evitar la deforestación, incluso según como se defina el sistema se puede generar algunos incentivos perversos. Igualmente existe el problema de definición anteriormente señalado según la cual las plantaciones pueden ser consideras bosques, pero en verdad su capacidad de absorción de carbono es mucho menor, por lo que si no se diferencia puede llegar a producirse emisiones netas positivas si se substituye bosque por plantaciones.
  3. ¿Cómo se evitan impactos negativos en las poblaciones habitantes? La introducción de sistemas financieros de apoyos contra la deforestación fácilmente variará las condiciones de vida de los habitantes que en ellos viven, así es muy probable que el sistema REDD suponga tensiones para las poblaciones que viven sin derechos formales sobre la tierra pero que se beneficiaban del bosque. El establecimiento de nuevas propiedades sobre el terreno y mecanismos de gestión estandarizados puede dificultar su modo de vida, viéndose así perjudicados, aunque si el sistema es suficientemente bien gestionado también podrían verse beneficiados. Es una incógnita cómo se va a incorporar su voz a las negociaciones.

[1] Más información en www.odg.cat. Correo de contacto: miquel.ortega@odg.cat

[2] Técnicamente se tratan de los países incorporados en el Anexo 1 de la Convención y en el anexo B del Protocolo.

[3] Decisión 11/CP7 Anexo 1(a). Adoptada en Marrakesh.

[4] Ver un amplia documentación en http://www.wrm.org.uy/

[5] Ver http://www.rainforestcoalition.org/eng/

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